En una reciente carta al director de la Revista Clínica Española, la doctora Montserrat Esquerda y el doctor Josep Terés, miembros de la Comisión de Deontología del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña han compartido unas reflexiones muy valiosas a raíz del nuevo contexto propiciado por la pandemia por COVID-19. El mensaje primordial del texto es la necesidad, ya ineludible tras lo acontecido en el último año, de replantear el contrato social que existe entre los profesionales de la salud y la sociedad. Este planteamiento, defendido con anterioridad a la epidemia actual por autores como Aasland, cobra especial relieve en estos momentos. La hipótesis que se desprende de estos textos es que el malestar creciente referido por los profesionales de la medicina tiene que ver con una disonancia entre el contrato social implícito y el explícito que se establece entre estos y la sociedad.
Por contrato social implícito cabe entender lo que la sociedad, en general, y los pacientes, en particular, esperan de los médicos y los que estos esperan, a su vez, de la sociedad. El contrato implícito vigente ha sido el que predominaba durante la “Edad de Oro de la Medicina” que se extendió, fundamentalmente, durante la primera mitad del siglo XX hasta los años 60. Los avances terapéuticos, entre otros motivos, favorecieron que los médicos fueran muy considerados tanto social como económicamente. Su tarea, por aquel entonces, se desarrollaba, fundamentalmente, de manera autónoma.
Esta situación fue cambiando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, cuando los médicos comenzaron a ejercer en el seno de grandes corporaciones sanitarias. Los pacientes, agrupados en movimientos asociativos a partir de finales de los años 60, pasaron a reclamar relaciones más horizontales frente al paternalismo vigente hasta la fecha. A esto se añadieron las exigencias de seguir unos requisitos éticos en la investigación y en la práctica médica. A partir de los años 80, poco después de la primera amenaza económica al estado del bienestar con motivo de la crisis del petróleo en los años 70, una nueva figura se añadió al binomio paciente – equipo profesional: el gestor. La labor de los médicos y las médicas pasaba a desarrollarse, mayoritariamente, en el seno de grandes corporaciones sanitarias, integrada en equipos multidisciplinares, con un aumento creciente de las cargas de trabajo burocrático, pobre remuneración salarial en relación con el grado de responsabilidad de su trabajo y con un notable aumento de la presión asistencial motivado, entre otras razones, por las desmedidas esperanzas en los resultados de la medicina por parte de la sociedad.
La gran recesión de 2008, raíz de los recortes que sufrieron los recursos destinados a Sanidad con motivo de la segunda gran crisis del estado del bienestar, contribuyó a agravar aún más si cabe el malestar referido por los profesionales de la salud que trabajaban en el sector público. Y la pandemia por COVID-19, aunque ha puesto de manifiesto el alto compromiso social de éstos, ha hecho más patente aún el desequilibrio entre el contrato social implícito (lo que la sociedad espera de ellos) y cómo se traduce este reconocimiento, tanto a nivel salarial como de recursos, es decir, el contrato social explícito.
Más allá de la consideración pública hacia estos mostrada en los medios de comunicación durante la COVID-19, se hace ineludible plantear un cambio en el modelo de relación médico – paciente – institución sanitaria – sociedad y dotar a los sistemas de salud del estado del bienestar de los recursos necesarios para poder dignificar el quehacer de los profesionales y, por tanto, reconocer de manera tangible su contribución al bien común. Esto implicará no sólo mejorar las partidas presupuestarias destinadas a tal fin sino cambiar la cultura de las instituciones, los estilos de liderazgo e incluir el bienestar y el cuidado del médico como un elemento imprescindible a la hora de valorar la calidad del servicio que se dispensa. Probablemente sean estos cambios los que más contribuyan a disminuir, en gran medida, el malestar, el escepticismo y el desapego profesional que observamos en un creciente número de médicos y médicas que consultan por este motivo en recursos de atención especializada.
