La Confederación de Ordenes Médicas Europeas (CEOM), en la reunión celebrada en Lisboa en noviembre de 2019, declaró el día 12 de marzo como “Día Europeo contra las agresiones a médicos y profesionales sanitarios”. De hecho, se calcula que cerca de un 25% de los incidentes de violencia laboral tienen lugar en el sector sanitario y, aproximadamente, un 50% de sus profesionales han sido o serán objeto de algún incidente violento en el transcurso de su vida laboral.
Los colegios profesionales de médicos de toda España en su último informe anual han comunicado que, durante 2022, se recibieron 843 denuncias de agresiones físicas y verbales a sus colegiados/as. La cifra de ese año suponía un incremento del 38% con respecto al anterior. En la presentación de los datos, José María Rodríguez Vicente, secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC) y miembro del Observatorio Nacional de Agresiones, señaló que “es la punta del iceberg, ya que muchos médicos se han acostumbrado a convivir con las amenazas y no denuncian”.
La mayor parte de las agresiones registradas son insultos y vejaciones (47%), seguidas por amenazas y coacciones (37%) y por lesiones (16%). El perfil más frecuente de la víctima es una médica (61% de los casos), de entre 40 y 60 años (51%) con quien se tenía una cita programada (48%), siendo el detonante más frecuente las discrepancias por la atención recibida (41%). Dicha agresión acabó propiciando la baja laboral en el 10% de los casos y el 42% de las agresiones se denunciaron a las autoridades.
En una revisión sistemática publicada por María Isabel Serrano Vicente y colaboradores en 2020, sobre la violencia contra los profesionales de la salud en España hasta abril de 2019, se constató un incremento en la magnitud del fenómeno en los últimos años. En la mayoría de los casos los agresores son hombres mientras los profesionales agredidos con mayor frecuencia son mujeres. Las agresiones más habituales son las verbales, en su mayoría propiciadas por demoras en la atención, son más frecuentes all personal de enfermería (58,8%) seguido de los médicos (29,4%), y la franja de edad más afectada está entre los 30 y los 50 años. No obstante, los autores del estudio señalaban que la variabilidad en los registros de notificaciones de agresiones y en los cuestionarios utilizados en los diferentes estudios, así como la subjetividad en la notificación e interpretación de los hechos, dificultaba la comparación entre ellos.
El Observatorio contra las Agresiones en el ámbito sanitario
En el año 2010, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) puso en marcha el Observatorio contra las Agresiones en el ámbito sanitario. Tal y como se desprende del Manifiesto contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, publicado en 2022 por la Organización Médica Colegial (OMC), la finalidad de dicha iniciativa era coordinar las actuaciones que los colegios de médicos ya venían desarrollando, hasta entonces, en su ámbito de competencia, con la intención de sumar esfuerzos, visibilizar el problema y concienciar a administraciones públicas, ciudadanos y pacientes de que la agresión nunca puede justificarse.
Entre los logros auspiciados por dicho Observatorio, destacan:
- La modificación del artículo 550 del Código Penal en 2015 por lo que respecta a la consideración del médico o médica como autoridad sanitaria que ejerce en el servicio público. La nueva normativa introduce una nueva definición del atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el profesional, reflejando, de manera explícita, que se considerarán actos de atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos en el ámbito de la asistencia pública. De este modo, las agresiones a los profesionales de los sistemas públicos de salud quedan tipificadas claramente como un delito de atentado a la autoridad que comporta para el agresor penas de uno a 4 años y multa de 3 a 6 meses.
- La publicación de la Instrucción 3/2017 del Ministerio del Interior que da origen a la aparición de un interlocutor de las fuerzas de seguridad (Policía Nacional) contra las agresiones a profesionales sanitarios en colaboración con el Ministerio de Sanidad.
- Una mayor concienciación de las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, de los profesionales sanitarios y de las instituciones que les representan, a la hora de denunciar las agresiones.
En Cataluña, la Generalitat aprobó en mayo de 2022 (GOV/97/2022) la creación del Observatorio para situaciones de violencia en el ámbito sanitario de Cataluña (OSVASC). En su Comité Permanente, presidido por el director/a de la Direcció General de Professionals de la Salut, hay representantes de las principales instituciones sanitarias de Cataluña, así como de los sindicatos que representan mayoritariamente a dichos profesionales. No obstante, se pretende animar a la participación activa a todas las entidades, instituciones y ciudadanos que se sientan interpelados por dicha iniciativa.
¿Qué se ha hecho desde el Colegio de Médicos de Barcelona?
El Colegio de Médicos de Barcelona (CoMB), por su parte, creó en 2010 la Unidad integral de atención a la violencia contra el médico, que asesora integralmente al médico como víctima, tanto en el ámbito jurídico como en el de protección de su seguridad. De hecho, existe un acuerdo-marco de colaboración con la Fiscalía Superior de Cataluña, con un fiscal interlocutor y un convenio de coordinación con el cuerpo de Mossos d’Esquadra, uno de cuyos miembros actúa como enlace permanente. También desde el CoMB se han impulsado iniciativas tales como la posibilidad de aplicar la ley de Seguridad Ciudadana, en algunos casos, aplicando como medida disuasoria, la imposición de una sanción económica al ciudadano que cometa una agresión.
¿Qué propugna el manifiesto de 2020 de la OMC?
El manifiesto, publicado en 2020 por la OMC, recoge los siguientes propósitos:
- Reforzar las medidas preventivas.
- Continuar con las campañas de concienciación a la sociedad sobre las agresiones a profesionales de la salud y sus consecuencias.
- Desarrollar programas formativos específicos para afrontar estas situaciones.
- Promover campañas sanitarias de respeto a los profesionales y cuidado y utilización responsable de los servicios sanitarios por parte de las administraciones.
- Incrementar las medidas de seguridad en los centros, tanto públicos como privados.
- Conseguir la misma consideración jurídica para el delito de las agresiones, tanto en el ámbito público como en los ámbitos concertado y privado.
- Lograr la unificación de los criterios empleados en las sentencias judiciales y que los procedimientos judiciales sean rápidos, expeditivos y ejemplarizantes.
- Potenciar los acuerdos y la comunicación con las administraciones sanitarias, las fiscalías y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para el abordaje integral de las agresiones.
- Promover la creación de un Plan Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, en la que participen todos las instituciones y organismos implicados: Ministerios de Sanidad, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía General del Estado, Federación Española de Municipios y Provincias, Comunidades Autónomas, Consejos Generales de las profesiones sanitarias y Plataformas de asociaciones de pacientes.
El lema “Ante las agresiones a profesionales sanitarios, tolerancia cero” debe imperar en toda prestación sanitaria y es una línea roja infranqueable por lo que respecta a la consideración y cuidado de quienes nos cuidan.
